Estará formado por la Nación, la Provincia y la Ciudad pero hay dudas sobre si tendrá atribuciones para subir tarifas y negociar con las distribuidoras
Luego de haber actualizado las tarifas en un 9% y de iniciar el proceso de renegociación de los contratos con Edenor y Edesur, el Gobierno avanza ahora en la creación de un nuevo ente que tendrá a cargo el control y la regulación de las operaciones de ambas distribuidoras eléctricas.
El organismo que, en la práctica, reemplazará en sus atribuciones al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estará formado por representantes de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, cuando el Frente de Todos ganó las elecciones y Alberto Fernández asumió la presidencia se dio marcha atrás con ese proceso y se decidió mantener bajo la autoridad nacional las concesiones del servicio de distribución de electricidad en el área metropolitana.
El acta del nuevo acuerdo lleva las firmas del ministro de Economía, Martín Guzmán; del secretario de Energía, Daniel Martínez; de la titular del ENRE, María Soledad Marín; del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobernador bonaerense, Axel Kiciloff.
Precisamente, el artículo 2 de ese convenio dispone crear un ente regulador específico integrado por los tres estados. “Las partes se comprometen a constituir un ente tripartito para ejercer la regulación y control del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica correspondiente al área otorgada a las concesionarias Edenor y Edesur”, argumenta el mencionado artículo.
Agrega que la interjurisdiccionalidad del servicio “permite a la constitución de un Ente de control y regulación de carácter tripartito que garantice los intereses de los Estados involucrados y que mantenga el poder concedente de los contratos de concesión bajo el imperio del E.N., como sucede con otros servicios públicos metropolitanos”.
Qué atribuciones tendrá el nuevo organismo
También aclara que el nuevo organismo, que aún no tiene denominación, será autárquico, con personalidad jurídica propia, independencia funcional y con plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado, y se regirá en lo concerniente a sus funciones por lo dispuesto en los acuerdos que s vayan concretando y por las normas que se dicten.
Si bien a partir de ahora el procedimiento deberá avanzar en la designación de las autoridades del organismo y en su denominación, fuentes del mercado ya anticipan una nueva grieta entre el gobierno nacional, el provincial y la Ciudad por los diferentes criterios para regular este sector.
Recuerdan que mientras las autoridades de Cambiemos son afines a desregular el costo de los servicios público y desarmar las políticas de congelamiento de tarifas, la Nación intenta seguir pisando las subas, tal como acaba de ocurrir con la autorización de aumentos lejanos a los reclamado por las empresas. De hecho, el propio Kiciloff solamente permitió un retoque del 7% para la tarifa de las distribuidoras que operan solamente en el ámbito bonaerense.
Tampoco quedan claras las atribuciones del nuevo ente no solamente en cuanto a tarifas sino también en lo referido a la renegociación de los contratos de concesión que el presidente Alberto Fernández modificó por decreto, con negociaciones que deben durar al menos dos años con las distribuidoras.
Acuerdos inconclusos
El gobierno anterior había suscripto, en febrero y mayo del 2019, dos acuerdos para la descentralización y transferencia a la Ciudad Autónoma y a la Provincia de Buenos Aires de la autoridad sobre el servicio de distribución de energía eléctrica en el área metropolitana, además de avanzar en una renegociación de los contratos de concesión que implicaba el reconocimiento de los años de congelamiento tarifario con esquemas de incremento más cercanos a los pedidos de Edenor y Edesur.
Pero la llegada, en especial del kirchnerismo a la Casa Rosada como parte del Frente de Todos, frenó esos convenios y redefinió las reglas de juego a partir de medidas que seguirán en cabeza del Estado Nacional como poder concedente de los respectivos contratos.
Además deja sin efecto el convenio de transferencia de jurisdicción que se había firmado el 28 de febrero del 2019, y el de implementación del traspaso del 9 de mayo del mismo año que creaba el Ente Metropolitano d Distribución de Energía Eléctrica (EMSE), de carácter bipartito y autárquico para regular y controlar el servicio en el área metropolitana.
Sin embargo, el artículo 7 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declara la emergencia pública en materia financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, estableció que, durante la vigencia de la norma el ENRE mantendría su competencia sobre el servicio público de distribución de Edenor y Edesur, frenando el traspaso de jurisdicción.
Por otra parte, las distribuidoras se comprometen a entregar, en el plazo de 45 días corridos de suscripto el acuerdo una copia certificada del acta de asamblea correspondiente y renuncian a realizar o continuar reclamos y recursos administrativos o acciones judiciales en contra del Estado Nacional, de la Provincia y/o de la Ciudad que pudieran surgir del acuerdo. Se comprometen también a no realizar juicios en el extranjero contra ninguna de las tres jurisdicciones
Fuente: iProfesional
