La ampliación del beneficio en las tarifas de gas en las zonas frías será financiada en un 80% por la industria y las centrales eléctricas, lo que puede derivar en más subsidios indirectos por $ 10.000 millones.
El proyecto del Gobierno para agregarles a 3 millones de usuarios que viven en “zonas frías” el beneficio de una baja en las tarifas de gas entre un 30% a un 50% será financiado casi en su totalidad por la industria y las centrales eléctricas.
Si se aprueba el proyecto de los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa, casi 4 millones de usuarios (más de 10 millones de personas) accederán a una reducción en las boletas de gas en sus hogares.
Este beneficio necesitará $ 28.928 millones, de los cuales solamente están presupuestados unos $ 16.154 millones mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565 durante la emergencia económica de 2002.
Según Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), “no tendrá costo fiscal”.
El fondo pasa de representar el 4,46% del precio del gas en boca de pozo (que los usuarios residenciales abonan algo más de u$s 2 por millón de BTU) a un 5,44%.
Así, se financiará con un aumento de entre $ 6 a $ 8 en las boletas de los hogares de zonas no incluidas como “frías”, que sucede tras la suba de 6% en las facturas residenciales para todo el país, vigente desde el 2 de junio.
El segmento residencial aportará $ 3418 millones (el 12% del total), mientras que las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) sumarán un 5% y las pymes, otro 3%.
El 80% restante se dividirá entre los Grandes Usuarios de gas (mayormente industrias), que aportará $ 9531 millones -el 33%- y las usinas eléctricas, que destinarán $ 13.557 millones -un 47%-.
Es precisamente donde se puede materializar una necesidad de subsidios indirectos, según técnicos que trabajan con el Gobierno.
Es que de los $ 13.557 millones, solamente un 20% lo pagan los Grandes Usuarios de la energía eléctrica, que no tienen subsidios.
El resto, equivalente a $ 10.845 millones, implicará un costo fiscal, ya que no se va a ajustar el precio mayorista de la electricidad y lo deberá afrontar el Tesoro.
Esto llamó la atención en la industria, que ya este año sufrió un aumento de hasta 78% en las facturas de energía eléctrica desde abril (particularmente los Grandes Usuarios del Distribuidor, GUDI).
Además, según datos del consultor energético Fernando Sardelli, el segmento Unbundling, que compra el gas directamente a productoras o comercializadoras, debió soportar un incremento de hasta 75% antes de la aprobación de este proyecto para zonas frías.
La diputada nacional Jimena Latorre, que representa a Juntos por el Cambio en Mendoza, mencionó a “los eternos excluidos”.
“El más perverso de esos subsidios es el que pagan quienes tienen que peregrinar buscando la garrafa social a quienes están conectados a la red; mientras que el metro cúbico de gas de ´garrafa social’ cuesta $ 23,50, el m3 de gas natural con el subsidio proyectado costará $ 9,88“, dijo Latorre.
“Como lo hemos planteado distintos legisladores de JxC hay zonas que por sus condiciones geográficas, térmicas y productivas ameritan una tarifa diferencial, teniendo en cuenta a su vez la capacidad de pago de los usuarios”, amplió.
“Este proyecto que no respeta ninguno de esos criterios y hace pasar gato por liebre incluyendo zonas, usuarios y dejando abierta la puerta para discrecionales nuevas incorporaciones, con un solo criterio, el electoral del FdT”, sostuvo.
FUENTE: El Cronista
