En paralelo, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin de verano para evitar argumentos a favor de trasladar un aumento de costos a las boletas de los usuarios.
Las distribuidoras solo tienen permitido trasladarse a los clientes un determinado porcentaje del costo de la generación de electricidad, mientras que el resto del costo lo debe cubrir el Estado a través de subsidios.
En lo que va de 2021 ya se destinaron subsidios por $900.000 millones, lo cual posibilitó que los usuarios paguen menos del 30% del costo real de la electricidad.
El Gobierno en la Ley de Presupuesto para 2022 indicó que se buscará que la “cobertura” sobre los costos llegue al 43%, lo que implicará un aumento para las tarifas actuales después de abril del año próximo.
Cabe recordar que la Ley N°27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declaró en diciembre de 2019 la emergencia pública en distintas materias, entre ellas la tarifaria, “para reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente”.
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