Un trabajo de la Fundación Bariloche planteó medidas y políticas de eficiencia energética en distintos escenarios y plazos centrados en la demanda residencial, el transporte y la industria.
Daniel Bouille, director del departamento de Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche y coordinador del plan, explicó a +e que el estudio, que demandó tres años de trabajo, analizó el estado de situación del sector residencial, el industrial y el del transporte como mayores demandantes de la matriz local, y elaboró sus consecuentes recomendaciones en distintos escenarios de reducción de intensidad energética a mediano y largo plazo, es decir al 2030 y 2040.
El trabajo arribó a un conjunto de 10 medidas prioritarias -de un total de 190 recomendadas- que reúnen el 48% de la energía posible a ser evitada (es decir si se aplicara el conjunto de acciones analizadas) pero que implicarían para el sistema un beneficio económico de unos u$s 7500 millones en valor presente. Pero a la vez si se consideraran las diez medidas que más energía evitan, se consigue el 66% del ahorro total posible en el escenario de alta ambición, cuya implementación implicaría un costo total de unos u$s 3400 millones.
En el área de transporte, las recomendaciones contemplan medidas como promoción del carpooling, técnicas de conducción y dispositivos aerodinámicos para camiones; en el residencial medidas de uso racional, temperatura de calefacción y aislamiento, y recambio de heladeras, mientras que en el industrial, la utilización de motores y variadores de aluminio.
También se abordan las perspectivas de avanzar con mecanismos de financiamiento sostenible a tasas y costos razonables, que a pesar de los condicionamientos macroeconómicos se podría obtener a través de las líneas de créditos verdes que disponen de manera creciente los organismos multilaterales, fondos de inversión y agencias de terceros países desarrollados. Y finalmente, desarrolla el rol de la política de precios y tarifas energéticas, que puede ser parte de una esquema de incentivo que adoptaron muchos países mediante tarifas diferenciales. Es el caso del carbon tax que se exime a las industrias que demuestren que tienen implementado un sistema de gestión y eficiencia energética con la consecuente reducción del costo de energía.
En el tema precios, el trabajo dedica especial atención a los subsidios energéticos. Es conocido que la distorsión de los precios de la energía por los subsidios envía una señal equivocada a los consumidores, desalentando las acciones orientadas al Uso Racional y Eficiente, aún con costos de inversión bajos o nulos. Por el contrario “el resultado no ha sido satisfactorio, y otorgaron una señal al uso irracional y a la inequidad social”, sentenció el trabajo.
Elementos del plan de perfil institucional
Más allá de los aspectos energéticos, hay en la propuesta elementos de carácter institucional, informativos y de coordinación que contribuyen al futuro plan. El estudio desarrolló y presentó al Congreso un Proyecto de Ley de Eficiencia Energética a imagen de lo que ya existe en otros países de la región; así como plantea la necesidad de crear una Agencia Nacional de Eficiencia Energética que tenga capacidad de identificar oportunidades en diferentes sectores, de ofrecer capacitación como bien público y generar una oferta de gestores energéticos. Y se propone un consejo interjurisdiccional para el desarrollo de capacidades en el sector publico y privado.
Fuente: LM NEUQUEN
