El aumento de las tarifas de energía durante 2022 no alcanzará para reducir los subsidios y achicar el déficit fiscal por esa vía.
En sentido contrario, fuentes oficiales y privadas consultadas por El Cronista revelaron que la subvención del Tesoro Nacional seguirá creciendo este año, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pondrá aún más atención en este renglón del presupuesto.
Esto se debe la crisis energética internacional, que elevó los costos del gas en el mundo y disparó las alertas en el Gobierno.
Una fuente cercana a Casa Rosada admitió que la suba de tarifas generalizada de 20% con segmentación para unos 500.000 usuarios será insuficiente para acercarse al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) que deberían marcar los subsidios a fines de este año.
En la Secretaría de Energía ya se resignan a que las importaciones de gas licuado se pueden triplicar o aún más en este invierno, principalmente por efecto precio (en 2021 el costo promedio fue de u$s 8,50 por millón de BTU) y algo por cantidades -recuperación económica mediante-.
Ante este escenario, la operación del sistema eléctrico maximizará la utilización de combustibles líquidos en las centrales termoeléctricas.
El gasoil y fuel oil son más contaminantes e ineficientes, pero ocasionalmente están más baratos que el GNL que habitualmente lo sustituye.
Un reconocido consultor del sector, que prefirió hablar con este diario en off the record, calculó que 2021 habría cerrado con el equivalente en pesos a u$s 10.910 millones en subsidios o un 2,4% del PBI, por encima del 1,7% presupuestado.
Y pronosticó: “En un escenario macroeconómico no disruptivo, en 2022 las subvenciones a la energía se incrementan en aproximadamente 2500 o 3000 millones de dólares, dependiendo los precios internacionales que se consideren. Con un aumento plano para todos del 25% la cuenta arroja u$s 12.500 millones, con un precio de importación de gas licuado de u$s 20 por millón de BTU”.
Sobre estos números el FMI tiene puesta la lupa desde 2018. El final del programa Stand By y el congelamiento de las tarifas volvió a incrementar la carga de subsidios del Tesoro en el presupuesto.
Y frente a la imposibilidad política por la impopularidad de ajustar el gasto público mediante jubilaciones, pensiones, planes sociales y salarios, las tarifas de la energía (y también del transporte, en menor medida) se volvieron el punto neurálgico de las conversaciones para conseguir un nuevo programa.
Con el fin de la Resolución 46/2017, que reconocía precios diferenciales a la explotación de algunos yacimientos de la formación neuquina Vaca Muerta y otros en la Cuenca Austral, el Gobierno estima un ahorro fiscal de u$s 600 millones.
En las últimas semanas, la administración de Alberto Fernández viene trabajando para apurar la licitación de la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta, que servirá para reducir las importaciones.
FUENTE: El Cronista
