El 40% de las importaciones de gas natural a la UE provienen de Rusia, mientras que Alemania representa el 55% de esas importaciones. Desde que Alemania eliminó gradualmente la energía nuclear y también su exposición a la energía basada en el carbón, sigue dependiendo en gran medida del gas natural en su esfuerzo por cambiar a fuentes de energía renovables.

Los países europeos están tratando de asegurar nuevos suministros de GNL. Recordemos en este contexto, que los mayores exportadores de GNL son Estados Unidos, Australia y Qatar. Aunque todos tienen mucho más gas, todos ya están exportando a plena inclinación o cerca de ella. Lleva mucho tiempo ampliar la licuefacción y la capacidad de exportación, por lo que la mejor esperanza a corto plazo de Europa sería hacerse con las cargas existentes originalmente destinadas a otros lugares. Pero Asia también tiene un fuerte apetito por el GNL. Las importaciones de China crecieron un 82% entre 2017 y 2020, por ejemplo; el año pasado superó a Japón como el mayor importador del mundo; y alrededor del 70% de la demanda que cotiza a nivel mundial tiene contratos que duran diez años o más. Europa tiende a depender de mercados al contado y contratos más cortos.

La demanda en América latina casi se ha duplicado en el último año. Como la mayor parte del gas asiático todavía se adquiere en contratos a largo plazo vinculados al precio del petróleo, una práctica que Europa abandonó al liberalizar los mercados del gas, Europa se encuentra más expuesta a los altos precios actuales.

Mientras tanto, el creciente consumo interno de gas natural en Oriente Medio, que creció un promedio del 4,6 % anual en la última década, está dejando menos volumen disponibles para la exportación.

¿Cómo impacta esto en Argentina? Y si a este juego de oferta y demanda le agregamos el posible “Acuerdo con el FMI” que promueve una disminución de los subsidios energéticos y un “Plan energético de mediano Plazo” ¿dónde realmente nos encontramos? y, una pregunta más, ¿Cuáles serían las discusiones de fondo que deberíamos darnos los sectores económicos, productivos y sociales?

En primera instancia y más allá del “Acuerdo con el Fondo” existirá una fuerte presión a la suba de precios de los energéticos (tarifas eléctricas, gas natural y combustibles), motivado por las importaciones de GNL que necesita Argentina para minimizar los cortes en pleno invierno y también por el decaimiento que están sufriendo diferentes Cuencas como la de Tierra del Fuego, Santa Cruz y la del Noroeste (incluyendo la importación desde Bolivia).

Lo expresado impacta en las cuentas públicas, en la disponibilidad de gas natural para producir en los sectores industriales y en la producción de energía eléctrica, cuyos “costos transitorios” se trasladan en forma directa al precio de la energía.

El trasfondo en las pymes

En segundo lugar, el impacto con respecto al “Acuerdo con el Fondo”, habla de una segmentación que se desarrollará principalmente en los sectores residenciales con quitas de subsidios totales en el segmento de mayor disponibilidad económica; pero también expresa claramente la propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

De acuerdo a lo expresado el Gudi son las pymes (y entre ellas están las que consumen más de 300 kW de potencia, que se encuentran mayoritariamente en baja tensión (BT) y que tienen tarifas que aún están subsidiadas), para ellas, los aumentos podrían ser significativos.

A partir de aquí, los compromisos que deberíamos de asumir en el “Acuerdo con el FMI” son:

  • Incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable;
  • Reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza;
  • Mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso;
  • Fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y
  • Asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.

En este marco, el punto referido a eficientizar la tarea de las distribuidoras, nos habla de introducir mejoras en los medidores, la facturación y la cobranza. Las empresas energéticas, por lo general tratan de mejorar estos aspectos del servicio porque están directamente vinculados con su propia rentabilidad, pero en el contexto de congelamiento tarifario, la inversión mayoritariamente se destinó fundamentalmente al pago de personal y las tareas de mantenimiento indispensables para garantizar la prestación del servicio. Al avanzar con la recomposición gradual de las tarifas, sería importante lograr mejoras, tanto en la calidad como en el producto energético ofrecido.

Otro tema sumamente significativo, sin dejar de lado todos los expresados anteriormente, es ¿Cómo se buscará que las tarifas reflejen los verdaderos costos del gas y la electricidad? Es uno de los principios básicos de los marcos regulatorios. Si las tarifas reflejan los costos del servicio, eso constituye una señal adecuada para que las decisiones de oferta y consumo sean eficientes. Por el contrario, si no lo hacen, la calidad del producto y servicio entregado será mediocre, provocando pérdidas de eficiencia y mayores costos para el sistema en su conjunto. Por ello, es necesario pensar en un modelo de transición energética que brinde las bases fundamentales para la transformación energética que esta por venir.

Lo expresado nos lleva a pensar, que tanto el mundo como nosotros debemos de enfrentar los obstáculos de la transición energética, incluida la descarbonización y la digitalización fabril; para de esta manera, adelantarnos a las dificultades operativas, promoviendo estructuras de cadena de suministro resilientes y tolerantes al riesgo y acrecentando los procesos de digitalización y eficiencia energética, de esta manera se lograrían respuestas sistemáticas para ser más competitivos y seguir creciendo.

Pero para ello, la premisa principal es que la transición debe estar sustentada en una política energética clara y bien definida; de esta manera, el desafío que se nos presenta requiere de un consenso amplio, un marco legal que lo exprese y del involucramiento de todos los sectores, tanto productivos, como económicos y sociales, que facilite el diseño y acceso a esta transformación.

Fuente: La Capital