El Gobierno todavía no llamó a audiencia pública ni mostró el plan para la segmentación las tarifas. El acuerdo con el FMI es aplicarlo desde el 1 de junio.
Las empresas del servicio público de gas natural por redes creen que el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) puede caer muy pronto en un incumplimiento.
Propuesto por el Ministerio de Economía, votado en ambas cámaras del Congreso nacional y refrendado por el Directorio del organismo, el país tiene un compromiso de aumentar las tarifas de la energía a partir del 1 de junio.
Los objetivos consecuentes son: reducir el peso de los subsidios en el presupuesto; bajar el déficit fiscal; derrumbar la emisión monetaria; estabilizar los mercados paralelos del dólar; y aplacar la inflación, en última instancia y a largo plazo. Para eso, el Gobierno deberá convocar a audiencias públicas previas, a más tardar a fines de abril.
SEGMENTACIÓN Y AUMENTO DE TARIFAS
Sin embargo, a escasas semanas de que se deba concretar el llamado, las compañías del sector suman dudas sobre la viabilidad del esquema pactado con el FMI. Según ejecutivos y voceros de la industria que hablaron con El Cronista, hasta el momento ninguna dependencia del Gobierno se comunicó con ellos para anticiparles la realización de la audiencia ni mostrar el plan de segmentación, por el que el 10% de la población pagaría la tarifa plena desde junio.
El pacto con el Fondo también establece que los usuarios con tarifa social (entre el 20% y el 25% de la población) no recibirán más subas de tarifas en el año; mientras que el resto (clase media) tendrá en todo 2022 un incremento equivalente al 80% de la evolución de los salarios, un porcentaje que arrojaría cerca de 43%. En marzo ya se aplicaron unos 22 puntos porcentuales en total.
Todo esto corre riesgo de ser letra muerta en breve, por el impacto económico internacional de la guerra en Ucrania y las diferencias internas dentro del Frente de Todos, algo que remarcó la propia directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. A miles de kilómetros de la burocracia de Washington, en las afueras de Buenos Aires coinciden con el diagnóstico.
El sistema de gas insumió en 2021 subsidios por el equivalente en pesos a 3100 millones de dólares, entre Plan Gas (u$s 1000 millones), Resolución 46 (ya terminada, por u$s 600 millones) e importaciones.
Las empresas ven poco margen para aumentos de tarifas, ya que la “ganancia” fiscal es marginal y el costo político, enorme.
Con todo, dos fuentes del sector comentaron que las discusiones actuales con los reguladores se encarrilan por el lado de una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se podría hacer a fin de año.
Las concesiones cumplen ahora 30 años y vencen en 2027. Las empresas buscan una prórroga del contrato y certezas sobre el estado técnico y financiero.
Fuente: El Cronista
