El alza será desde junio para la mayoría de los clientes. Para los de altos ingresos, podría llegar a 400%. Los funcionarios kirchneristas no irán, pero no bloquearán lo que se decida.
Desde junio, habrá una nueva suba en las tarifas de luz y gas, que comenzará a plasmarse a partir de audiencias públicas que se realizarán la semana próxima.
El martes se abordará la quita de subsidios al gas, el miércoles a la distribución eléctrica y el jueves será la hora de debatir sobre cómo se hará la segmentación de los aumentos, quizás la audiencia más polémica de todas.
Ni el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, asistirán a las audiencias. De esa forma, el ministro de Economía, Martín Guzmán, queda aislado en esta segunda tanda de subas de tarifas de servicios públicos.
Los aumentos serán diferentes según la categoría de ingresos. Para el 10% de hogares de mayores ingresos, las subas podrían ir del 200% al 400%, ya que deberían pagar el costo pleno del gas y la electricidad que consumen.
El grueso de los clientes -alrededor del 80%- experimentará un incremento del 38% desde junio, al menos en la luz. Eso figura en documentos de la subsecretaría de Energía Eléctrica presentados en el expediente de la audiencia, que son el material de consulta.
El ministerio de Economía desmintió ese incremento y lo situó en un 17%.
La suba del 38% se agregará al 20% de suba que ya vienen pagando desde marzo, lo que totalizará un 65% de aumento desde el mes próximo con relación al año pasado, según trabajos oficiales.
Como entre enero y febrero no hubo aumentos, y desde marzo a mayo el incremento fue del 20%, la suba del 65% de los próximos 7 meses ayudaría a cerrar el promedio anual de 42,7% que el Gobierno determinó como recomposición para la mayoría de los clientes.
Los usuarios de tarifa social tendrán un aumento del 6% en luz, mientras que no verán un incremento en gas, según fuentes oficiales.
Los funcionarios alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no participarán de las audiencias.
Ausencia kirchnerista
El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, no estará presente en ninguno de esos encuentros. Aunque entregó un trabajo con la posición de su dependencia, la subsecretaría de Planeamiento Energético (que organiza la audiencia) no lo tuvo en cuenta para el aumento al grueso de los usuarios. Tampoco irá Darío Martínez, secretario de Energía.
Desde Economía le giraron un documento a Basualdo donde le marcaron discrepancias, según consta en notas internas entre Economía y la subsecretaría de Energía Eléctrica.
Frente a la inquietud que deja trascender Economía sobre un bloqueo a los futuros aumentos de parte de los interventores -Federico Bernal, en el Enargas (gas) y Soledad Manín, en el Enre (luz)- , desde esos despachos indican que seguirán las órdenes que imparta la Secretaría de Energía, cuyo titular es Darío Martínez.
La quita parcial de subsidios equivale a un incremento de las tarifas, que será diferente según distintas categorías de ingresos y geolocalización de los hogares.
Para el 10% de hogares de mayores ingresos, la suba podría ser del 400%, según documentos de la Secretaría de Energía que están en expedientes con la información que se tratará en la audiencia pública.
“Para el período invernal se registrarían aumentos del 400% en facturas de usuarios residenciales del AMBA”, señala un documento de la subsecretaría de Energía Eléctrica. De esa forma se refiere a los clientes a los que se les aplicará la “segmentación”.
En un primer trabajo, se determinó que eran 250.000 hogares ubicados en zonas de altos ingresos (13 barrios de Buenos Aires y el conurbano norte, más los barrios cerrados).
Luego, la subsecretaría de Planeamiento Estratégico incorporó otro elemento: hogares cuyos ingresos superen 3,5 canastas básicas totales (CBT), es decir, que cobran más de $ 300.000 mensuales.
Un trabajo realizado por la subsecretaría de Energía Eléctrica para la segmentación fue rechazado por Guzmán. “El informe solicitado (….) no da sustento técnico requerido a fines de propiciar la medida impulsada por la secretaría de Energía”, le indicó Economía a Basualdo.
En cambio, le informaron que adoptaban informes realizados por la subsecretaria de Planeamiento Energético (encabezada por Andrés López Osornio, un funcionario de confianza de Guzmán) y la Secretaría de Hacienda.
Desde Planeamiento Energético dijeron que la quita de subsidios puede que se demore. La idea del ministerio de Economía era aplicar los nuevos cuadros tarifarios desde el 1 de junio.
En la interna oficialista, los funcionarios que se identifican con la Vicepresidenta consideran que el aumento traerá más perjuicios que beneficios. Aunque provocará una caída en los subsidios, obligará a todas las distribuidoras del país a cobrarle a sus clientes más por el gas y la luz que consumen. Y afectará la inflación.
Bernal (Enargas) y Manín (Enre) son dos funcionarios fieles al kirchnerismo. Insisten en que “cumplirán las órdenes de la Secretaría de Energía. Los entes reguladores no establecen los cuadros tarifarios, sino que aplican lo que se les indica desde las posiciones que deciden la política tarifaria”.
El Enre regula las concesiones de Edenor y Edesur, en la ciudad de Buenos Aires. Pero, en el resto del país, la luz verde para los aumentos la deben dar los gobiernos provinciales que vigilan a las distribuidoras de cada provincia.
En Buenos Aires, la mitad de los clientes de Edesur venía pagando menos de $ 1.000 mensuales por su factura. Con el próximo ajuste, su boleta será de $ 1.866 mensuales, según la subsecretaría de Planeamiento Energético. Algo similar sucederá con los clientes de Edenor (cerca del 40%) que también venían desembolsando menos de $ 1.000 durante el verano.
Las distribuidoras eléctricas tendrán que traspasarle a los clientes una mayor parte del costo eléctrico en sí (se llama precio estacional de la energía eléctrica o PEST), de acuerdo con los documentos que se tratarán en la audiencia. Según la subsecretaría de Energía Eléctrica, desde junio regirán aumentos del 58% para la mayoría de los clientes en Formosa, 48% en Buenos Aires (Edelap), 48% en Santa Cruz (SPSE Santa Cruz), o 45% en Mendoza.
Fuente: Clarín
