El peligro de la segmentación de subsidios a las tarifas: los que más y los que menos pagarán

El jueves pasado, luego de finalizadas las audiencias públicas para que se aprueben las reducciones de subsidios económicos y los aumentos de las tarifas de servicios públicos de luz y gas, el subsecretario de Planeamiento Energético Santiago López Osornio, quien depende del ministro de Economía Martín Guzmán, expresó que “el Estado cubre más del 75 % del costo del gas y de la electricidad que se incluye en las facturas y los usuarios solo abonan el 25 % de ese costo”.

Además, afirmó que el Estado cubre la diferencia entre el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) que pagan los usuarios y el costo de generación por las trasferencias que se hacen a CAMMESA. Estos subsidios económicos, en conjunto, representan hoy el segundo ítem por monto del gasto del Tesoro Nacional después de las jubilaciones y pensiones. La suma que gasta el Estado para mantener bajas las tarifas de electricidad y gas es el principal componente de este gasto y las recientes audiencias de consumidores podrían definir algunos aspectos claves.

De acuerdo con los principales analistas del sector, la segmentación de subsidios a las tarifas que propone Martín Guzmán puede jugarle en contra por dos motivos. El primero, es que se trata de un sistema muy dificil de poner en práctica, que no se utiliza ningún país en el mundo. El segundo, que los funcionarios de la Secretaría de Energía y de los entes reguladores como el ENRE y el ENARGAS que son los que tienen que autorizar los aumentos no responden a Guzmán.

La segmentación podría generar errores de exclusión de usuarios

Lo más problemático es que para instrumentar la segmentación se utilizarán datos geográficos y socioeconómicos con criterios bastante complejos. Por ejemplo:

  • El consumidor que pierda los subsidios deberá estar ubicado dentro de polígonos de viviendas de alta capacidad de pago que serán identificados por los entes reguladores.
  • Estar domiciliado en registro de urbanizaciones cerradas o barrios privados, tener ingresos superiores a 3,5 canastas basicas totales para el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes (que recibieron unos 314.000 pesos en marzo pasado).
  • Tener tres o más inmuebles registrados a su nombre.
  • Ser propietario de aviones o embarcaciones de lujo con menos de 5 años de antigüedad.

De acuerdo con la opinión del especialista Daniel Gerold, la segmentación puede originar errores de exclusión que pueden incluir usuarios cuya situación económica se haya visto modificada y, por lo tanto, no coincida la información tomada para aplicar la segmentación. En otros casos, la titularidad del servicio puede no coincidir con quien realmente lo utiliza. Por ese motivo habrá un mecanismo de reconsideración.

El esquema divide a los usuarios en tres categorías

Los usuarios que tienen la llamada Tarifa Social tendran un techo de aumento anual permitido que no puede superar el 40 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial CVS. Con los numeros actuales los aumentos no pueden superar el 22% en el año.

Los usuarios que no tienen la Tarifa Social pero que no estan incluidos en el 10 por ciento de los clientes con mayores ingresos el aumento anual permitido no debe superar el 80 por ciento del CVS del año lo que implica que no podrian aumentar mas del 42 %.

El problema es que para el 10 por ciento de la población de mayores ingresos no se estipula cuanto deberá ser el aumento pero de acuerdo a estudios privados si una gran parte de ellos pierde el total de los subsidios los aumentos oscilarian entre el 200 y el 300 por ciento en el año.

Más de 1,6 millones de usuarios perderían los subsidios que reciben

Según pudo saber iProfesional, por los números que los entes reguladores recibieron de las empresas distribuidoras de luz y gas, la cantidad de usuarios que dejarían de recibir subsidios en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en el caso de la luz llegaría a unos 922.000 titulares. Y en el caso del gas residencial, unos 750.000 usuarios perderían los subsidios.

La realidad muestra que en los últimos 9 años -la excepción es el 2020 por la pandemia- la Argentina fue un importador neto de energía que demandó en promedio unos u$s3.550 millones cada año en el mercado cambiario para la compra de combustibles, pero en este año podrian superar los u$s5.000 millones.

Un reciente estudio de la consultora M&S señala que en 2021 los subsidios económicos pagados por el Tesoro Nacional fueron de casi 1,4 billones de pesos, equivalentes al 3,1% del PBI y explican por sí solos todo el déficit primario nacional.

Esta relevancia macro ha vuelto a los subsidios un punto central de las negociaciones con el FMI, ya que su reducción es la llave más potable para avanzar en el rebalanceo macro-fiscal, detalla un reciente estudio de la consultora Esto implica que gran parte del déficit fiscal primario del 2021 está explicado por los subsidios a las tarifas de servicios públicos. El sector energético se lleva 2,3 puntos; el transporte de pasajeros, 0,7 puntos; y el resto, solo 0,1 punto. Este año podrían llegar a los 2,5 billones de pesos.

El estudio explica que ese aumento de subsidios no fue lineal desde su aparición en 2002, ya que alcanzaron un pico en 2014 del 4,1% del PBI. Pero luego de los ajustes de tarifas durante el gobierno de Cambiemos en 2017 y 2018, disminuyeron hasta representar el 1,6% del PBI en 2019. A partir de entonces comenzó un nuevo proceso de aumento, dado que desde 2019 (último año de Macri en el Gobierno) y más decididamente con el arribo de Fernández a la presidencia, se retomó la política de casi congelamiento de tarifas de servicios que se aplicó durante buena parte del gobierno de Cristina Kirchner.

Lo cierto es que hasta el 2002 los consumidores (residenciales y mayoristas) pagaban por la electricidad la totalidad del costo de generación. No había subsidios y a partir del 2003, con la llegada del kirchnerismo, comenzaron a aumentar. En una simulación que supone que en 2022 se continuará con el congelamiento en pesos, el porcentaje del costo pagado por los usuarios volvería a bajar hasta el 25% y la cuenta de subsidios crecería 0,3% del PBI. Pasaría de $700.000 a 1,1 billón de pesos, aproximadamente.

El trabajo de M&S plantea que para los usuarios que pierdan el subsidio podría implicar un aumento de alrededor del 180% en su factura eléctrica. Para un usuario medio de esos barrios significaría pasar de pagar $2.000 mensuales a $5.700. Para los usuarios no alcanzados por la quita de subsidios, el aumento sería del 20%; es decir, de $2.000 a $ 2.400 por mes. En tanto, para el Estado un ajuste siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Energía significaría un ahorro de unos $75.000 millones, respecto de lo que sería si se continuara con el congelamiento de tarifas. Pero los subsidios eléctricos seguirían subiendo nominalmente hasta $1 billón, aunque se estabilizarán en términos del PBI (1,5%).

En lo que respecta al consumo de gas, en 2021 los subsidios al sector pagados por el Tesoro Nacional fueron poco más de $300.000 millones. Unos $215.000 millones corresponden a subsidios al consumo de natural por redes, pero también se incluyen varios programas presupuestarios como el subsidio al consumo de gas en garrafas por $19.000 y la aplicación del “impuesto a la riqueza” por $60.000 millones.

Los subsidios a la electricidad podrían llegar este año a unos 1,1 billones de pesos

El año pasado, el costo promedio que estimó la secretaría de Energía fue de u$s3,45 por millón de BTU. El precio internacional promedio en 2021 fue de u$s5,1 dólares el millón de BTU. En base a los volúmenes y precios observados el año pasado, se obtiene que el subsidio al precio mayorista del gas llegó en 2021 a unos $200.000 millones y este año podrían sumar unos 370.000 millones de pesos. En tanto, desde M&S calculan que los subsidios eléctricos podrían crecer de unos $700.000 millones hasta unos 1,1 billones.

Con respecto a los criterios socioeconómicos, se incluirá a jubilados, pensionados o trabajadores en dependencia cuya remuneración sea menor a dos salarios mínimos, vitales y móviles, y monotributistas en la misma situación, beneficiarios de pensiones no contributivas, titulares de programas sociales, trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social y los incorporados en el Régimen de Seguridad Social para trabajadores de Casa particulares, titulares de seguro de desempleo y aquellos que reciben Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Fuente: IProfesional

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