La Secretaría de Energía de Argentina se manifestó a favor de modificar la Ley N° 27.191, que vence el 31 de diciembre de 2025, para garantizar una extensión de la estabilidad tributaria por 20 años. El régimen actual, aprobado hace una década, fue clave para incentivar la construcción de proyectos renovables en un contexto donde la tecnología era aún incipiente y de alto costo.
“Fue necesaria la ley y fue bueno el resultado que se obtuvo. Gracias a ese régimen, hoy más del 17% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables, y se proyecta alcanzar la meta del 20% de participación a mediados del año 2026”, expresó María Tettamanti, titular de la cartera energética nacional.
“Sin embargo, la situación ha cambiado mucho. La tecnología ha avanzado, reduciendo los costos para la construcción de proyectos renovables, con lo cual hay muchos ítems previstos en esa ley que ya no tiene sentido extender más allá del 31 de diciembre del 2025”, agregó.
Puntualmente, el país logró que las ERNC abastezcan el 16,5% de la matriz eléctrica en 2024, con algunos meses superando el 20%, aunque todavía sin alcanzar el objetivo legal del 20% de participación hacia fines de 2025.
No obstante, desde el Ejecutivo nacional no se impulsa una actualización de esa meta ni se prevé agregar incentivos fiscales adicionales. Sino que el foco está puesto en brindar previsibilidad de largo plazo.
El debate ya se abrió en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, donde se analiza prorrogar la ley sin modificar la meta de participación renovable ni introducir más beneficios fiscales. Por lo que desde el sector privado se destaca que el mayor obstáculo no es la falta de incentivos, sino el riesgo país y la volatilidad regulatoria.
La propuesta oficial contempla asegurar por dos décadas que no se impongan nuevos impuestos al acceso y uso de fuentes renovables, una preocupación recurrente del sector que busca evitar cargas fiscales a nivel nacional, provincial o municipal.
“Las tecnologías renovables son capital intensivas, y no hay mejor fomento a la inversión que bajar los riesgos de esa inversión. Y los riesgos se bajan bajando el riesgo país, los riesgos regulatorios y también los costos, y entre los costos están los costos impositivos”, sostuvo la secretaría de Energía.
En ese contexto, el Gobierno considera que el régimen vigente ya cumplió su objetivo inicial y que las condiciones actuales del mercado permiten que las renovables compitan con otras tecnologías sin necesidad de subsidios.
“Hoy en día, las renovables están en perfectas condiciones de competir con otras tecnologías”, señaló Tettamanti, en concordancia con los lineamientos que buscan habilitar la libre contratación, comercialización y competencia de los contratos del mercado eléctrico mayorista.
Tal es así que, a principios de año, la Secretaría de Energía rehabilitó a centrales térmicas, hidroeléctricas y nucleares a participar del Mercado a Término (MAT), siempre y cuando tengan fecha de habilitación comercial posterior al 1 de enero de 2025.
Y cabe recordar que, a partir de la entrada en vigencia del MAT, los distribuidores del MEM deberán cubrir al menos el 75% de su demanda estacionalizada mediante contratos bilaterales. Esto significa que cada distribuidor deberá buscar su energía en acuerdos a largo plazo con generadores o comercializadores, en lugar de depender exclusivamente del despacho centralizado.
“Creemos que esa es la vía para que las empresas elijan libremente su proveedor de energía, considerando no sólo precio, sino también sus propios cumplimientos de normas ambientales o corporativas”, afirmó Tettamanti.
Obras de transmisión: foco en financiamiento privado
Más allá de las definiciones normativas, el Gobierno también trabaja en resolver cuellos de botella en la capacidad de transmisión eléctrica, sobre todo en la región de CABA y Gran Buenos Aires, donde la red se encuentra al límite. Las obras ya fueron identificadas y se apunta a que el financiamiento sea privado, sin uso de fondos públicos.
La alternativa que se evalúa es una concesión de obra pública, a partir de la cual quien construya las líneas recupere su inversión en el largo plazo. Para viabilizar esto, el Ejecutivo trabaja con organismos internacionales que puedan aportar garantías para reducir el riesgo financiero.
Una de las obras seleccionadas es AMBA I, con más de 500km de infraestructura que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que reducirá la necesidad de generación ineficiente y mejorará la confiabilidad del sistema en uno de los principales centros de consumo del país, donde se concentra el 40% de la demanda de energía nacional.
“Para la inversión en transporte en Gran Buenos Aires, si bien obviamente el precio lo terminará poniendo el resultado de una licitación, estimamos que pueden ser alrededor de 1000 millones de dólares”, apuntó la titular de la cartera energética nacional.
“Es fundamental que haya seguridad jurídica para quienes hagan las obras. Cuando los inversores ven que hacen la inversión y que podrán repagar esa inversión, que es de muy largo plazo, y que no va a haber cambios en las reglas del juego, invierten”, concluyó.
Fuente: Energía Estratégica