Cuando se le consultó por las grandes cantidades de subsidios que recibe el sector (los subsidios a la energía representan un 8% del Presupuesto, de los cuales un 65 por ciento corresponde a energía eléctrica), el referente energético del instituto Patria admitió que “a todos nos preocupa el volumen de subsidios que recibe el sector energético, por eso en primera medida necesitamos la colaboración de las empresas energéticas que en los últimos años registraron importantes ganancias para atravesar este momento. Por otro lado, los principios sociales y económicos de este gobierno, por los cuales Alberto Fernández fue electo presidente, son los que vamos a aplicar en la gestión. La preocupación en relación a los subsidios la tengo porque buena parte de los subsidios energéticos pasan por esta subsecretaría. Estamos desarrollando en conjunto con los entes reguladores y la Secretaria de Energía, mecanismos que nos permitan empezar a asignar de manera más eficiente esos fondos públicos en los subsidios energéticos. Esto específicamente está vinculado a una política de segmentación de la demanda de energía donde no vamos a aumentar la tarifa a los usuarios de grandes ingresos, sino que le vamos a quitar la ayuda estatal, el subsidio. Vamos a trabajar en dos planos, en uno individual para identificar por patrimonio y por ingresos a los usuarios que pueden afrontar el pago pleno de la tarifa y, por otro lado, necesariamente, vamos a tener que combinarlo con algún criterio geográfico que permita avanzar de manera más rápida en la asignación eficiente de los subsidios”.
Con respecto al marco regulatorio del sector, se le preguntó al funcionario si consideraba una necesidad rediscutir la ley de electricidad, admitiendo que “es momento de rediscutir la regulación del sector eléctrico. Efectivamente la regulación no se modifica desde los años 90, solo se modificó de facto por lo cual Cammesa tiene el rol que tiene. Fue llevado a ese lugar de organismo de despacho de energía. Hay que discutir en profundidad el funcionamiento de los servicios públicos y el papel del Estado en ese marco. El proceso hay que iniciarlo. Entiendo que el mejor escenario es un debate abierto en el que la oposición forme parte tanto del debate como de las soluciones, porque son cuestiones estructurales que Argentina tiene que discutir. Hay que iniciar ese camino, quizá no se resuelve este año, pero en la realidad se impone por el nivel de exigencia que presenta el sector energético para el Estado y las cuentas fiscales. Necesariamente habrá que discutir estos temas.
Sobre el tema de los contratos PPA que se vieron perjudicados por los saltos cambiarios de 2019 o por la pandemia (aquellos que nunca lograron cerrar el financiamiento y tienen cero grado de avance), el funcionario aclaró que “nosotros tenemos hoy 81 proyectos con habilitación comercial. En plazo de ejecución tenemos 75 y 32 fuera del plazo. Sacamos un conjunto de regulaciones, obviamente para reconocer las dificultades del acceso al Mercado Único de Libre Cambio (MULC), el Covid-19 y otros reconocimientos que hicimos a los titulares de esos proyectos para darles tiempo a que recompongan la actividad. En la medida que eso no suceda, efectivamente vamos a ejecutar las garantías y en términos colectivos vamos a dar una señal de salida a los que no tienen posibilidades ni financiamiento para ejecutar los proyectos”.
Sobre el final se indagó sobre la problemática de la remuneración hacia los generadores, en donde el 60% de la generación de energía está remunerada a través de la Resolución Nº31 en pesos mientras que un porcentaje del sistema se remunera con contratos PPA en dólares, respondiendo el funcionario sobre las intenciones del gobierno: “la intención de nuestra política es unificar los criterios. Por eso le decía de no trabajar con las particularidades de cada agente o cada central, sino establecer reglas básicas que atraviesen a todo el parque. Efectivamente, si uno lo mira son dos realidades muy distintas. La intención es normalizar el funcionamiento del parque generador y que existan las diferencias que tienen que existir en función de la eficiencia y del capital hundido por parte de los accionistas”.
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