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Marcelo Cassin, gerente ejecutivo de Gestión Técnica de la EPE, ha justificado este aumento en base a la necesidad de ajustar el valor agregado de distribución. Se espera que dicho ajuste impacte en la tarifa final del usuario, con un incremento del 83,5%, afectando en mayor medida a la pequeña demanda (99,2%) en comparación con la demanda industrial (63,5%).
Cassin señaló que este incremento se justifica debido al aumento de los costos operativos, incluyendo el costo de personal y de materiales.
La propuesta presentada sugiere que las tarifas de energía se actualicen de forma bimestral, utilizando un índice que tenga en cuenta la variación del Índice Salarial y del Índice de Precios Mayoristas. Esta metodología permitiría ajustar las tarifas de manera más precisa y oportuna, reflejando los cambios en los costos operativos.
Según Cassin, esta actualización bimestral garantizaría un flujo de fondos adecuado para cumplir con las obligaciones financieras de la EPE, incluyendo el pago a contratistas y la inversión en infraestructura. Además, permitiría adaptar las tarifas de manera más equitativa y transparente, minimizando así el impacto en los usuarios.
El aumento tarifario afectaría de manera diferenciada a los distintos segmentos de usuarios. Por ejemplo, los usuarios residenciales de altos ingresos (N1) verían un incremento mensual significativo, mientras que los usuarios de ingresos bajos (N2) continuarían recibiendo subsidios, aunque con un aumento en sus tarifas. Los jubilados y los beneficiarios de la tarifa social también experimentarían aumentos en sus facturas, aunque en menor medida.
Cassin proporcionó ejemplos específicos del impacto en diferentes tipos de usuarios:
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