El gobierno de Alberto Fernández, al inicio de su periodo presidencial, decretó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, lo que en materia de energía trajo consigo un congelamiento tarifario por 180 días. Luego, y por efecto de la pandemia, a mediados de 2020 el congelamiento se extendió hasta diciembre del mismo año. Llegando a fines de 2020, dicho congelamiento se volvió a prolongar, pero esta vez por un período de 90 días, instando a las partes a renegociar los futuros incrementos tarifarios.
En el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva también se decidió intervenir tanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) como de Gas Natural (ENARGAS). Los interventores designados serán los responsables de negociar los futuros incrementos tarifarios tanto de energía eléctrica como de gas natural y deberán fijar qué porcentaje del incremento será absorbido por el estado y qué parte impactará directamente en los usuarios finales.
Según Federico Bernal, interventor del ENARGAS, “Si las tarifas de Macri volvieran a cobrar vigencia, el salto sería del 85% de forma directa, y en abril deberían aumentar 128%”. Cabe señalar que no su produce ningún incremento desde abril de 2019.
Según Darío Martínez, actual Secretario de Energía, “Vamos a ir a un esquema que nos permita no generar una suba tan alta como nos aplicaría la RTI (Revisión Tarifaria Integral) de la gestión de Mauricio Macri cuando termine el congelamiento, con una tarifa de transición que va a ser mucho menor y solo para los sectores más altos, es decir, para los que pueden pagar el costo, porque en términos porcentuales no impacta en sus ingresos de la misma forma”.
En esta línea el secretario remarcó que no hay margen para realizar aumentos de tarifa para el sector de la población que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Ejemplificó: “A un jubilado no se le puede aumentar la tarifa más que la jubilación, tiene que ser por debajo de eso. Un asalariado también tiene que aumentar su poder adquisitivo, no bajarlo. Luego hay un porcentaje similar de sectores que pueden hacer frente (a aumentos) pero no puede ir por encima de su poder adquisitivo”.
También mencionó que “el valor de la energía tiene dos grandes ítems, la producción de la energía, que es un costo que se paga en todo el país, y el valor agregado de distribución (VAD)”. Este último punto, aseguró, “lo van a definir las distribuidoras (de luz o de gas) de cada provincia. Vamos a hacer que la gente pueda identificar cómo está compuesta la boleta”, afirmó.
Se espera que el incremento tarifario de gas natural a fines del verano del corriente año sea mínimo, ya que se piensa que su mayor impacto se sentirá recién para fines de julio, debido al incremento de consumo lógico de los meses de invierno. Repercutiendo de esta manera justo antes de las elecciones que se celebrarán en 2021.
Bernal, el 4 de enero tuvo la primera reunión con Adigas, Asociación de Distribuidores de Gas. La reunión se realizó en el Instituto Patria y si bien no se habló de porcentajes del incremento algunos técnicos del instituto Kirchnerista dejaron trascender que no deberá superar el 9 por ciento.
Una suba del 9% en la factura final que pagan los usuarios alcanzaría para incrementar el VAD que cobran las distribuidoras alrededor de un 25%.
Sin embargo, Bernal aclaró que hay intención de realizar una audiencia pública durante la segunda quincena de febrero para poder realizar los incrementos tarifarios correspondientes.
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