CONSECUENCIAS ACUERDO FMI EN LOS SUBSIDIOS ENERGÉTICOS

En tal aspecto, fuentes del Gobierno Nacional informan que, ante la gran incertidumbre existente en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, la administración se encuentra comprometida en procurar el logro de los objetivos de estrategia energética. Estos están determinados a alcanzar niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso, con revisiones que abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.

La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (GUDIs), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en audiencia pública.

Adicionalmente, se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a:

• Incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable
• Reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza
• Mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso
• Fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos
• Asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.

También hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo.

Estas políticas tratarán de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales.