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El funcionario destacó que “si se descongelaran ahora esas tarifas (de gas) deberían ser 70 por ciento más caras y podrían resultar un 100% mayores en los primeros meses del año próximo”, agregando que dicho incremento no sucederá.
Estas declaraciones se realizaron luego de que el mismo Bernal, junto con su par del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), mantuvieran una reunión con el Presidente Alberto Fernández para analizar la tarea encarada en los dos organismos reguladores, haciendo especial hincapié en los estudios de las estructuras tarifarias de ambos servicios.
Adicionalmente, Bernal sostuvo que “lo que tenemos que hacer es llevar ese cuadro tarifario a un valor que sea compatible para que el servicio público pueda brindarse”, explicando que puede ser a través de las tarifas o de subsidios a las empresas durante un periodo de transición para que el impacto en las facturas sea el mínimo posible.
Además, sugirió que “con los resultados de la auditoría en curso difícilmente puedan sostenerse esas tarifas”, dejando en claro su visión del tema: “De hecho, yo recomendé al Poder Ejecutivo que se declare la nulidad de esos cuadros y se revoquen”.
Finalmente, el funcionario sostuvo que “hay que ver que pasa el año que viene con esta transición, siempre pensando que el servicio público no puede dejar de brindarse y que las empresas tienen que tener cubiertos sus costos de operación y mantenimiento”.
La deuda de las distribuidoras con CAMMESA ya superó los 100.000 millones de pesos
En el ámbito referido a los subsidios a la energía, una cuestión importante a resolver por parte del gobierno nacional para los próximos meses es la enorme deuda que las distribuidoras vienen acumulando con CAMMESA.
Como consecuencia del aislamiento y de los problemas de cobrabilidad, las distribuidoras de energía eléctrica han venido acumulando una deuda gigantesca con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). La misma, a finales del mes de agosto de 2020, ya había superado la suma de $100.000 millones, según reconoció el propio Gobierno en el informe que presentó el Jefe de Gabinete de Ministros en el Senado.
De acuerdo con la información presentada en el Congreso, entre las empresas cooperativas, estatales y privadas dedicadas a la distribución de energía eléctrica para consumo residencial y la actividad económica, postergaron un desembolso que para el mes de agosto 2020 alcanzó los $103.168.755.906.
Las principales deudoras, debido en parte a que abarcan el conglomerado urbano más grande del país, son Edenor y Edesur. Cada una de ellas aún debe abonar $11.900 y $11.000 millones, respectivamente.
Muy cerca se encuentran la EPE Santa Fe y la empresa misionera EMSA, adeudando cifras similares, seguidas por EDEMSA (Mendoza) con una suma de $7.400.
Esta deuda acumulada con CAMMESA ha variado a lo largo de los últimos meses ya que pasó del 39% en marzo al 62% en abril, para luego bajar al 31% en mayo, 15% en junio y 8% en julio, incrementándose nuevamente en agosto al 34%.
Lo cierto es que a la par que se incrementa la deuda de las distribuidoras con CAMMESA, el Gobierno le transfirió en lo que va del año más de $180.000 millones para cubrir la diferencia entre la tarifa y los costos de generación de la energía, que suben en sintonía con el tipo de cambio.
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