IMPUESTO AL CARBONO

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Los gobiernos de distintos países están cada vez más comprometidos en reducir el impacto del calentamiento global debido a que sus consecuencias ya están afectando a sus economías. Por esta razón, las distintas entidades de financiamiento tanto privadas como estatales, ya están comenzando a solicitar la implementación de distintas políticas de reducción de CO2 entre sus requisitos con el fin de llevar a cabo una transición hacia la sustentabilidad.

La propuesta del FMI

El pasado viernes 11 de junio el equipo técnico del FMI (Fondo Monetario Internacional) planteó establecer un precio de carbón mínimo para disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de esta manera reducir el calentamiento global.

Adoptar esta política permitiría reducir las emisiones de GEI un 23 % para el 2030, permitiendo de este modo disminuir el incremento de la temperatura global, cumpliendo con lo pactado en Acuerdo de Paris.

El documento publicado por el FMI propone establecer precios mínimos para la emisión de Carbono para los distintos países según su grado de desarrollo. Este informe también trata sobre un impuesto a las grandes corporaciones.

Según el mismo, el precio del Carbono debería alcanzar los 75 US$/Tonelada para limitar las emisiones de CO2 y así poder frenar el calentamiento global por debajo de los 2ºC.

Si bien esta es la propuesta original del FMI, no se descarta bajo ningún punto de vista la regulación o comercio de emisiones.

¿Cómo Funciona en Europa?

El impuesto al carbono se disparó fuertemente en Europa en los últimos meses. En mayo de 2020 se cotizaba a unos 20 euros la tonelada de CO2. Sin embargo, durante el mes de mayo de 2021 el precio superó los 50 euros la tonelada de CO2.

El precio anteriormente mencionado es el que abonan las distintas empresas, como ser grandes generadores térmicos, para poder adquirir derecho de emisión de CO2 a otras empresas. De este modo los países que tienen una matriz energética mayoritariamente térmica, como en el caso de nuestro país, se encontrarían con mayor grado de vulnerabilidad ante estas políticas de impuestos o derecho de emisión.

En España, por ejemplo, como consecuencia de aplicar estos impuestos la facturación de energía eléctrica se incrementó un 45%. Consciente de esto, la Unión Europea considera a esta política como una de las principales herramientas para controlar el calentamiento global, y por ende, no descarta afectar con estas medidas no solo a industrias de alto consumo de energía sino también a nuevos sectores que no estaban incluidos hasta el momento.

También desde la Unión Europea se planea llevar acabo nuevas políticas que van en esta línea, como ser crear un mercado de derecho de emisión para los sectores de calefacción edilicia y transporte. Otro mecanismo que llevarían a cabo seria incrementar los precios de los productos importados en función de las emisiones asociadas.

Mientras el mundo avanza en esta dirección, nuestro país se debe ir adaptando mediante la  implementación de distintas medidas que nos lleven a una transición energética de la manera más inteligente posible.

 

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