La norma cuenta con media sanción del Senado y prorroga la ley que favorece al sector productor hasta el mes de diciembre de 2024, y dispone la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil (10%) y del etanol de caña y maíz en las naftas (12%).
La prórroga debería ser acompañada por una evaluación exhaustiva de los efectos que tuvo tanto a nivel macroeconómico como a nivel energético a lo largo de la última década y media. Lo primero a señalar es que la instauración del esquema promocional se produjo en un contexto sustancialmente distinto al actual. En ese momento, se asistía a un sensible declino de la producción local de petróleo y gas producto, entre otras causas, del agotamiento de los yacimientos convencionales, mientras que a nivel internacional se verificaban elevados niveles de precios de los hidrocarburos.
A raíz de eso, se esperaba que:
Sin embargo, ese contexto se modificó de manera abrupta a lo largo de los últimos años como resultado de la disminución del valor del petróleo en el mercado internacional y del desarrollo de la producción no convencional de hidrocarburos.
Los recursos no convencionales existentes en nuestro país son suficientes para abastecer el consumo local de crudo por casi un siglo y, en el caso del gas natural, por un período aún mayor. Por lo tanto, nos encontramos en un contexto radicalmente diferente al vigente al momento de la promulgación de la Ley de Biocombustibles hace 15 años.
En definitiva, la vigencia del régimen promocional ha sido determinante para expandir la producción y el consumo de biocombustibles en el país, pero dados sus impactos económicos, su prórroga debería evaluarse con extremado detenimiento (más aún en un contexto de abaratamiento progresivo de los combustibles fósiles respecto a los productos agrícolas).
A su vez, el mantenimiento de los actuales niveles de corte requeriría de una mayor eficiencia en la producción de biocombustibles a fin de reducir costos sobre los consumidores y las cuentas públicas mientras que, a su vez, se debería priorizar la utilización de etanol dado su impacto favorable sobre el sector externo.
Por último, generalmente se asocia a la utilización de biocombustibles con beneficios medioambientales, dado que su utilización permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones oficiales, a pesar de que el uso de biocombustibles permite cierta reducción de emisiones en relación con los combustibles fósiles, su contribución total resulta muy acotada. Esto se debe a que con los niveles de corte actuales solamente de obtendría un ahorro del 1,2% sobre las emisiones totales del país.
Por lo tanto, la discusión sobre si debe prorrogarse o no el régimen promocional no se puede sustentar solamente en el aspecto medioambiental, más aún en un contexto en donde las emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina se ubican un 25% por debajo del valor comprometido para el año 2030. Esto se debe fundamentalmente por contar con una matriz energética “limpia” en términos internacionales, dada la elevada incidencia del gas natural.
Complementariamente, a nivel internacional se espera una retracción en la utilización de biocombustibles para la próxima década (el biodiesel en particular), como resultado del redireccionamiento de las políticas que fomentaron su uso. Paralelamente, el desarrollo y mayor utilización de vehículos eléctricos e híbridos, la mayor reducción de emisión de gases de efecto invernadero, el impacto de la producción de biocombustibles sobre el medio ambiente (producto de la actividad agrícola) y la competencia por el uso del suelo en la producción de alimentos, han fomentado un redireccionamiento de las políticas de incentivo a la producción de biodiesel en los países desarrollados durante los últimos años.
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