MASSA ANUNCIÓ LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA A EDESUR POR 180 DÍAS

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció el martes 21/03 la intervención administrativa de la distribuidora Edesur por un plazo de 180 días. En carácter de interventor fue designado el ingeniero Jorge Ferraresi, que estará al frente del proceso de fiscalización y control de la empresa. Los motivos de la decisión, según el gobierno fueron “los masivos y sistemáticos incumplimientos del servicio en febrero y marzo últimos”.

La decisión fue dada a conocer por el Ministro, acompañado por la Secretaria de Energía, Flavia Royon; el Secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal; y el titular del Ente Nacional Regulador Energético (ENRE), Walter Martello.

“Utilizando las facultades que la ley nos asigna, hemos instruido al ENRE a que proceda a la intervención por 180 días de la empresa Edesur a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y, sobre todas las cosas, de la mejora en el servicio que debe tener la empresa”, explicó Massa al referirse al plan de inversiones en obras de mantenimiento de la red en la zona sur del AMBA.

El ministro de Economía puntualizó que “la medida de intervención reviste un carácter transitorio y excepcional y es el resultado de las deficitarias acciones de Edesur en cuanto al cumplimiento del servicio”. Massa hizo especial hincapié en “dejar en claro que no se afecta a la nuda propiedad de los accionistas; que no se afecta al contrato de concesión, pero que el Estado va a llevar adelante, a través de la intervención, la fiscalización efectiva del cumplimiento del contrato”.

De esta manera, la intervención tendrá a su cargo la supervisión y el control de todos los actos administrativos habituales y de disposición relacionados con la normal prestación del servicio público de distribución en las áreas que le atañen a la compañía Edesur. A su vez, el interventor deberá elevar al ENRE informes sucesivos y parciales cada diez días (plazo máximo) y confeccionar un informe final a ser presentado a la finalización de su función.

El funcionario indicó además que “hemos tomado la decisión de ejecutar los 2.700 millones de pesos de sentencia que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que el Estado le aplicara, y tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa”.

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