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Las concesiones de estas hidroeléctricas expiraron en los últimos meses, a partir de octubre de 2023, después de treinta años de vigencia. El gobierno anterior otorgó una primera prórroga de 100 días, con vencimiento en el mes actual. Ahora, el nuevo gobierno debe decidir sobre un nuevo contrato o la posible transferencia de la operación al Estado, una opción que la Administración Milei no contempla.
Mediante la Resolución 2/2024, ya oficializada, se establece la prórroga del periodo de transición para las centrales mencionadas y la Central Hidroeléctrica PIEDRA DEL ÁGUILA. ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA) continuará actuando como veedor para todas las centrales, siguiendo los alcances establecidos en cada Contrato de Concesión.
La energía hidroeléctrica se reconoce como una fuente renovable segura y limpia que contribuye a la diversificación de la matriz energética y proporciona confiabilidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La participación significativa de la hidroelectricidad en la ecuación energética argentina, junto con proyectos binacionales como Yacyretá y Salto Grande, subraya su importancia estratégica.
El gobierno enfrenta la tarea de tomar decisiones clave sobre la gestión futura de estas instalaciones, considerando factores económicos, ambientales y de seguridad energética.
Durante el periodo de prórroga, el gobierno deberá determinar la estrategia a seguir en relación con los Contratos de Concesión, considerando la posibilidad de renovación, negociación de nuevos términos o la eventual operación estatal.
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