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A la pobreza energética la sufren los hogares que para mantener una temperatura adecuada ya sea mediante energía eléctrica, gas natural, garrafa etc., requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si requiere un 20% del ingreso entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza o indigencia energética.
Antes de que la gestión anterior aplicara la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2016, la pobreza energética en nuestro país alcanzaba a 1.335.000 de hogares. Luego de ser aplicada esta política, la pobreza energética, más la indigencia energética, alcanzaron en 2019 a 4.274.000 de hogares.
En este sentido, es muy importante destacar que no solo los cuadros tarifarios aplicados influyen en el índice de pobreza energética, sino que hay otros factores como ser poder adquisitivo de las familias, inflación, y por supuesto, la caída en la actividad económica que también tienen injerencia.
Según un estudio realizado por el ENARGAS, durante el 2020 habrían salido de la pobreza energética más de 2.800.000 hogares.
Mariana Grosso, Jefa del Área de Usuarios, Obras y Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, opinó al respecto: “es imprescindible tener en cuenta la capacidad económico-financiera de los usuarios y usuarias. Para definir incrementos tarifarios deben contemplarse, ineludiblemente, las circunstancias sociales, políticas y económicas del país. Y este año debe incluirse, también, el análisis de los efectos socio económicos de la pandemia”.
Ahora bien, los estados nacionales tienen siempre entre sus posibilidades la opción de aplicar subsidios para que el impacto en los hogares no sea demasiado agresivo. Sin embargo, según indica Jorge Lapeña del Instituto Argentino de la Energía (IAE), los subsidios energéticos totalizaron unos U$S 129.561 millones en los últimos 10 años y durante la pandemia la trasferencia a CAMMESA alcanzó los U$S 1.298 millones, es decir un 58% más que el año anterior.
Por estas razones, el gobierno se ve cada vez más acotado en las opciones que maneja. Al parecer, el camino que elegiría tomar en este caso sería focalizar los subsidios a determinados sectores mediante tarifas sociales.
El objetivo que persigue el gobierno es realizar un esquema general de las situaciones energéticas de los distintos usuarios para poder, de este modo, realizar de la manera más eficiente posible una gran segmentación tarifaria para encauzar los subsidios hacia los usuarios más vulnerables.
Según Soledad Manin, interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en recientes declaraciones: “durante este año se va a analizar la viabilidad de distintos modelos de cruces de datos, de cómo plantear el esquema y se irá avanzando para progresar en una cuestión de equidad, por ahí tanto no de impacto fiscal”
En este punto, las dificultades son diversas ya que por un lado se dificultaría tener bases de datos totalmente actualizadas con un seguimiento personal de ingresos y, por otro lado, toda la información que se necesita para realizar la tan buscada segmentación tarifaria se encuentra en distintos organismos del estado y actualmente rige un marco normativo que prohíbe cruzar dicha información entre los diferentes organismos.
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