POLÍTICA ENERGÉTICA: DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO

Revisando la historia reciente de los últimos años (periodo 2003 – 2015), se ha caracterizaron por el congelamiento de precios y tarifas energéticas. Las decisiones gubernamentales en dichas materias generaron dos problemas fundamentales: por un lado generó el mayor atraso tarifario de la historia, y por el otro, quebró el marco contractual del sistema energético.

Estas decisiones originaron distorsiones en el sector energético que fueron de tal magnitud que se transformaron en un problema macroeconómico determinante para entender la pérdida de los famosos superávits gemelos.

Este direccionamiento de la política energética afectó fuertemente a las empresas energéticas, desincentivando a la vez la inversión. En pocos años, la Argentina pasó de ser un país exportador de gas (u$s6.000 millones en 2006) a ser importador neto (u$s4.600 millones en 2015), llevando a un déficit comercial energético récord en 2014.

De esta forma, el país quedó inmerso en un problema de difícil resolución, con alternativas múltiples y resultados contradictorios, pero ninguno satisfactorio para los usuarios:

  • Por un lado, se necesita revertir la decadencia en la producción de energía (en particular en gas natural) para reducir el nivel de importaciones. Para ello se implementó una política de subsidios a la oferta (el llamado Plan Gas), que consiste en garantizar un precio sostén hasta 2021, de alto costo fiscal y actualmente reversionada.
  • Por el otro, en el marco de los acuerdos y compromisos fiscales alcanzados con el FMI, resulta impostergable ajustar las cuentas públicas reduciendo uno de sus rubros principales: los subsidios económicos, tanto a la oferta como a la demanda.
  • Y finalmente el punto con mayor dificultad: resolver el atraso tarifario más grande de la historia de manera socialmente aceptable y en un entorno de alta inflación.

En el atraso tarifario, si bien se buscó generar un marco que permitiera realizar las actualizaciones correspondientes y necesarias que implicaran una estabilización del sistema, se partió de un mal diagnóstico que fue potenciado por la aplicación de un sendero de umbrales crecientes de precios de la energía que sólo aplicaba para los usuarios residenciales, lo cual puso innecesaria presión sobre los aumentos de tarifas incrementando el mal humor social en relación con el tema.

A pesar del gran esfuerzo realizado por bajar fuertemente los subsidios que se utilizaban en el sector energético, la devaluación del año 2018, y su efecto sobre el precio dolarizado del gas natural y por ende también en el costo de generación eléctrica, no solo hizo desaparecer gran parte del esfuerzo realizado por los usuarios para reducir los subsidios, que todavía cubren solo el 50% del costo de abastecimiento tanto de gas como de energía eléctrica, sino que obligó al Gobierno a modificar el rumbo de política de precios y tarifas energéticas.

En consecuencia y buscando nuevas alternativas para la baja de los precios, se realizó la primera subasta pública de gas destinada a abastecer a los usuarios residenciales para el plazo abril 2019 – marzo 2020. Este mecanismo representó un importante avance normativo, abandonando la discrecionalidad vigente desde 2002, logrando al mismo tiempo fijar un precio del gas más bajo y transparente.

De la situación actual a la cual se arribó es importante entender los cambios necesarios, no solo para poder superarla sino también para no volver a esta instancia,  lo cual implica en primer lugar, que la política energética (que incluye precios y tarifas) debe formar parte de un plan integral de mediano y largo plazo con bases en políticas públicas de acuerdo amplio. En segundo lugar, que sin dudas la política energética tuvo y aún tiene magnitud macroeconómica y que la profundidad del problema hace necesario que cualquier programa de gobierno 2019-2023 explicite claramente cuáles serán las medidas tendientes a superar los problemas planteados.

Si bien el contexto se muestra complejo, empiezan a aparecer datos que dan cuenta de que el esfuerzo realizado por los usuarios comienza a dar resultado: en promedio, tanto la cantidad como la duración de los cortes de energía eléctrica por usuario y por semestre se redujeron a la mitad respecto a valores de 2015, y por primera vez desde 2014 se revirtió la tendencia declinante en la producción de gas a partir del desarrollo de yacimientos en Vaca Muerta.

Sin dudas, la normalización del sector aún no ha dado sus frutos completamente, aunque se evidencia una incipiente recuperación. El sector Oil&Gas necesita infraestructura para aprovechar todo su potencial, y el sistema eléctrico requiere transporte de alta tensión, mejoras en las redes domésticas y mayor generación para poner tener energía eléctrica segura, abundante y barata. Todavía hay mucho por hacer.

 

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