REPRIVATIZACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL COMAHUE

El gobierno nacional, a través de su área energética encabezada por la Secretaría de Energía y bajo la administración de Javier Milei, avanza en el proceso de reprivatización de las principales represas hidroeléctricas del sistema Comahue. Estas centrales, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro, representan un componente estratégico para el abastecimiento eléctrico nacional, aportando aproximadamente el 13% del parque total de generación del país, con una potencia conjunta de 4.107 MW.

Infraestructura involucrada

El complejo hidroeléctrico del Comahue está conformado por cinco centrales:

  • Piedra del Águila
  • El Chocón y Arroyito (operan en tándem)
  • Alicurá
  • Planicie Banderita

Estas represas se ubican sobre las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, y su operación ha estado históricamente en manos del sector privado mediante concesiones que datan de la década del noventa.

Modelo de negocios elegido

Estructura de la nueva concesión

El esquema que impulsa el Ejecutivo consiste en una reconcesión por 30 años a operadores privados. A diferencia de modelos anteriores, esta nueva concesión incluirá condiciones particulares que buscan compatibilizar los intereses fiscales del gobierno con las restricciones estructurales del sistema eléctrico argentino.

Condiciones de venta de energía

Durante los primeros dos años del nuevo régimen concesionario, el 95% de la energía generada deberá ser vendida al mercado regulado domiciliario, cubriendo la demanda prioritaria (residencial). Este porcentaje será comercializado a un precio diferencial fijado por la Secretaría de Energía, estimado entre 15 y 20 dólares por MWh, lo que representa menos de la mitad del costo real (68 USD/MWh en el primer trimestre de 2025).

El restante 5% podrá ser comercializado a precio libre en el Mercado a Término (MAT), cuya puesta en marcha se espera para el último cuatrimestre de 2025. El esquema prevé un incremento gradual del porcentaje de libre comercialización, posiblemente del 10% cada 12 o 24 meses.

3.3. Racionalidad económica y fiscal

Este modelo responde a una lógica pragmática del gobierno: mantener bajos los costos del sistema eléctrico para evitar dos escenarios no deseados:

  • Aumentos en las tarifas residenciales, con impacto social y político.
  • Incremento del volumen de subsidios estatales al sector eléctrico, comprometiendo las metas fiscales.

Tal como admiten fuentes del sector, permitir la venta libre desde el inicio a precios de mercado (68 USD/MWh) hubiera generado un aumento del 30-35% en el costo monómico del sistema, obligando al Ejecutivo a tomar decisiones fiscales de alto impacto.

Valoración económica y expectativas de recaudación

Se estima que, bajo este modelo de bajos precios iniciales, el Tesoro podría recibir entre 400 y 700 millones de dólares por la privatización del total del paquete accionario de las cinco centrales. Esta cifra es inferior a lo que podría haberse recaudado bajo un esquema de libre comercialización total, pero es coherente con el objetivo de contención de tarifas y subsidios.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher y bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, ha contratado a una consultora para definir el valor de referencia de los activos. Los resultados de esta evaluación se conocerán en los próximos días y se incluirán en el pliego final.

Competencia esperada en la licitación

El proceso licitatorio se espera altamente competitivo, dado que el esquema de precios bajos reduce el «ticket de entrada» para nuevos actores. Se espera la participación de los actuales concesionarios:

  • Central Puerto (Piedra del Águila)
  • AES (Alicurá)
  • Enel (El Chocón–Arroyito)
  • Aconcagua Energía Generación (Planicie Banderita)

También podrían sumarse Pampa Energía, Genneia, MSU Energy, YPF Luz, y otras firmas nacionales e internacionales, incluidas empresas petroleras que buscan diversificar su presencia en la transición energética, como TotalEnergies.

Cabe destacar que el pliego permitirá que cada empresa se adjudique hasta dos centrales, lo que abre la posibilidad de controlar más de 2.000 MW con una inversión contenida, generando un atractivo adicional para los oferentes.

Iniciativa legislativa y proceso institucional

En 2024, a través de un decreto, se constituyeron cuatro sociedades anónimas con la finalidad de transferir el paquete accionario:

  • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.
  • Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.
  • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.
  • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

En virtud del Decreto 263/2025, se estableció un plazo de 15 días para el inicio del concurso público, garantizando la participación de las provincias involucradas y de los organismos interjurisdiccionales.

Posición de las provincias: Neuquén y Río Negro

Las gobernaciones de Neuquén (Rolando Figueroa) y Río Negro (Alberto Weretilneck) solicitaron una extensión de al menos 30 días para analizar el pliego, pero solo recibieron 15, de los cuales cinco ya habían transcurrido antes de la entrega efectiva del borrador. Esta decisión fue calificada como apresurada por funcionarios provinciales, como el ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry.

Las provincias insisten en discutir su grado de participación en el diseño final del pliego, así como los términos de las regalías, el precio de la energía generada para sus jurisdicciones, y la eventual incorporación de derechos históricos sobre las cuencas que atraviesan su territorio.

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