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Ampliación del RIGI al sector eléctrico: Resolución 938/2025
Mediante la Resolución 938, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el Gobierno incorporó a los proyectos de generación de energía eléctrica como beneficiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La norma considera que, en función de la experiencia internacional y las necesidades del sistema argentino, resulta “oportuno y conveniente” incluir estos proyectos para mejorar la matriz energética nacional.
El RIGI establece condiciones de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, acceso preferencial a divisas y beneficios impositivos, con el objetivo de atraer capital privado en sectores estratégicos. Su ampliación a la generación eléctrica busca destrabar inversiones clave en tecnologías térmicas, renovables, hidroeléctricas y nucleares, frente al deterioro de la infraestructura existente y la creciente demanda.
Proyectos aprobados bajo el RIGI
A un año de la entrada en vigencia del régimen, el Gobierno confirmó 14 proyectos presentados con una inversión estimada total de US$ 16.514 millones, de los cuales cinco han sido ya aprobados:
Parque Solar YPF Luz
Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS)
GNL PAE-Golar
Proyecto Río Tinto
Planta Sidersa
Licitación de baterías de almacenamiento en el AMBA – Proyecto AlmaGBA
Objetivos y alcance
El Gobierno nacional, a través de Cammesa, lanzó la licitación pública “Almacenamiento GBA – AlmaGBA” para instalar unidades de baterías de gran capacidad en el sistema eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires. El objetivo es reforzar los nodos críticos de Edenor y Edesur, contribuyendo a mejorar la flexibilidad operativa, la estabilidad del sistema y la eficiencia en el despacho.
Detalles del proceso
Innovación contractual
Una característica destacada de esta licitación es que, por primera vez, Cammesa no será el offtaker directo, sino que los contratos se celebrarán entre distribuidoras (Edenor/Edesur) y generadores, con respaldo de Cammesa como garante. Esto se enmarco dentro del inicio del proceso de contractualización privada dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cuyas principales normativas recientes fueron las resoluciones 21 y 450 del año 2025 impulsadas por la Secretaría de Energía.
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