Esta decisión de sinceramiento tarifario, junto con la crisis económica que vivió el país en los últimos 3 años, les causó ahogo a muchas familias sometidas también a una reducción de sus ingresos, razón por la cual, en diciembre del 2019, el presidente Alberto Fernández dispuso, como una de sus primeras medidas, un congelamiento tarifario por seis meses (hasta junio 2020) que, debido al actual contexto afectado por la pandemia, se prorrogó hasta finales del 2020.
En este contexto, un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que los subsidios del Estado, aplicados a sostener tarifas de servicios públicos (en particular las energéticas y el transporte) durante la primera mitad de este año, alcanzaron 2 puntos del PBI.
En el mismo se detalla que se dispusieron $293.632 millones en los primeros 6 meses del año, un equivalente al 9,7% del total del gasto primario y 2 puntos del PBI. Agregando que “la ampliación del congelamiento, que vencía el 20 de junio, mantendrá el importe de las boletas de luz y gas hasta el 17 de diciembre de 2020”, y advirtiendo que “a diferencia del 2015 en el cual la inflación rondaba los 20% – 25% anual, el valor actual de suba de precios del 40%, genera un atraso mucho mayor y el Estado deberá erogar gastos por subsidios económicos mucho más rápido para sostener su política”. Las mismas proyecciones estiman que si se proyecta el costo de los subsidios a todo el año, estos podrían alcanzar los 4 puntos del PBI, es decir, casi a mitad del déficit fiscal de 8 puntos.
La resolución de esta situación se avizora con convertirse en un dolor de cabeza para el Gobierno de Alberto Fernández por dos razones. Por un lado, porque dicho nivel de subsidios aportará a un déficit fiscal de alrededor de 8-9% del PBI hacia fin de año, generado por la necesidad impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus de incrementar los planes de asistencia social y de destinar fondos al sostenimiento de empresas y puestos de trabajo. Por el otro, en las próximas semanas comenzarán las discusiones para arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y algunas voces cercanas al tema consideran que la cuestión de los subsidios será parte importante del diálogo.
A pesar de esto, descongelar las tarifas supondrá un enorme desafío para la administración actual, dada la menor capacidad social de resistencia a erogaciones crecientes y al peligro de que la inflación se desboque a partir de un piso más alto.
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